La democracia en el Perú hace mucho tiempo esta siendo socavada, la política peruana ha dejado de ser un espacio de debate público para convertirse en un escenario de reparto de botines. Los recientes acontecimientos —marcados por la debacle ética de la gestión de Jeri, su vacancia forzada y la posterior reconfiguración de alianzas en el Congreso— no son accidentes democráticos. Son la evidencia flagrante de una clase dirigente que ha decidido canibalizar las instituciones para garantizar su supervivencia y enriquecimiento, dando la espalda a una ciudadanía que observa, entre la indignación y el hastío, cómo se hipoteca el futuro del país.
Resulta la corrupción se ha normalizado como herramienta de gestión y cómo las elecciones del 2026 se perfilan no como una renovación, sino como la consolidación de un régimen de intereses privados disfrazado de democracia.
1. La Vacancia como Ajuste de Cuentas, no de Justicia
El caso de Jeri debe ser llamado por su nombre: un esquema de parasitismo estatal. Las denuncias de corrupción que propiciaron su caída revelaron un modus operandi donde el cargo público se utilizó para tejer redes de tráfico de influencias y beneficio particular. Sin embargo, celebrar su vacancia como un triunfo de la moralidad pública sería un acto de ingenuidad política, estamos socavando la democracia peruana.
La vacancia no se ejecutó por un súbito ataque de ética en el Parlamento, sino porque Jeri dejó de ser útil o se convirtió en un pasivo demasiado costoso para el sistema. Fue un sacrificio calculado. Al remover la pieza visiblemente podrida, el sistema busca preservarse a sí mismo. La caída de Jeri expuso la fragilidad de un liderazgo sustentado en la informalidad, pero también desnudó la hipocresía de sus verdugos políticos, quienes utilizaron el mecanismo constitucional no para sanear el Estado, sino para redistribuir las cuotas de poder que quedaron vacantes.
Lo que presenciamos no fue justicia institucional, sino un ajuste de cuentas entre facciones. Mientras la atención se centraba en los escándalos del ejecutivo, se ocultaba el hecho de que la corrupción no es propiedad exclusiva de quien ocupa el sillón presidencial, sino una moneda de cambio corriente en los pasillos del poder. Jeri cayó, pero la estructura que permitió sus excesos sigue intacta y operativa.
2. El Congreso y la Institucionalización del Chantaje
Tras la salida de Jeri, el Congreso de la República se ha consolidado como el verdadero poder fáctico, operando bajo una lógica de cartel. Hemos transitado hacia una suerte de dictadura parlamentaria, donde no existe control político real, sino extorsión y negociación bajo la mesa.
Existe un «Pacto de No Agresión» entre bancadas que, se supone, deberían ser antagónicas. Derecha, izquierda y centro han borrado sus diferencias no por el interes o bienestar de la democracia o por el interes de todos los peruanos, sino, para converger en un único interés: la impunidad compartida. Este pacto se traduce en el blindaje mutuo ante investigaciones fiscales y en la captura descarada de organismos autónomos. El Congreso ha dejado de legislar para la ciudadanía; hoy legisla para protegerse de la justicia.
Esta dinámica perversa transforma la fiscalización en un arma selectiva: se persigue al enemigo político para la tribuna, mientras se archivan las denuncias contra los «socios» del pacto. Es la privatización de la función legislativa. El Congreso actual no representa al pueblo; representa a lobbies, a economías ilegales y a intereses corporativos que ven en el Estado un botín a repartir. La democracia representativa ha sido suplantada por una plutocracia congresal que opera de espaldas a la realidad nacional.
3. 2026: La Conspiración para la Perpetuidad
La mirada de los operadores políticos no está puesta en resolver la recesión económica, salvaguardar la democracia ni la inseguridad ciudadana; su única obsesión es el 2026. Estamos ante una maniobra de ingeniería electoral fraudulenta. Las reformas que se impulsan desde el legislativo tienen un objetivo claro: manipular las reglas de juego para asegurar que los mismos actores, o sus testaferros políticos, mantengan el control del aparato estatal.
La eliminación de las elecciones primarias abiertas (PASO), el debilitamiento de la JNJ y los ataques a los organismos electorales no son reformas técnicas; son sabotajes deliberados. Buscan eliminar la competencia real, favorecer a las «cúpulas partidarias» y cerrar el paso a cualquier opción de renovación genuina. Es el aprovechamiento político en su máxima expresión: legislar en causa propia para garantizarse una curul o un ministerio por cinco años más.
Este escenario configura una trampa democrática. Nos preparan para unas elecciones donde el ciudadano tendrá que elegir entre «males menores» previamente seleccionados por el pacto de corrupción. El objetivo es que nada cambie, que el modelo de gestión prebendaria continúe y que el Estado siga siendo la agencia de empleos y negocios de los partidos políticos, a costa del desarrollo nacional.
4. El Costo Humano del Cinismo Político
Mientras las élites políticas juegan al ajedrez por el poder, el Perú real se desangra. Existe una correlación directa y criminal entre la inestabilidad generada por estos pactos corruptos y el deterioro de la calidad de vida de los peruanos. La corrupción de Jeri y el obstruccionismo interesado del Congreso tienen un precio que no pagan ellos, sino las familias más vulnerables.
La parálisis de la inversión, el colapso de los servicios de salud y el desborde de la criminalidad son consecuencias directas de tener autoridades ocupadas en blindarse judicialmente en lugar de gobernar. La desidia política es violencia social. Cada sol desviado en corrupción, cada ley populista aprobada para ganar aplausos fáciles o favores empresariales, es un robo al futuro de millones de peruanos.
No estamos ante una simple «mala gestión»; estamos ante el abandono deliberado de las funciones del Estado. La clase política ha roto el contrato social, priorizando sus privilegios de casta sobre el bienestar colectivo. Han convertido la política en un negocio rentable para pocos y una tragedia cotidiana para muchos.
5. Resistencia Cívica: Un Compromiso Inquebrantable
Ante este panorama de degradación moral y secuestro institucional, el silencio es complicidad. No basta con observar el desastre; es imperativo tomar posición. Como sociedad, debemos reafirmar un compromiso innegociable con la integridad y la defensa del Estado de Derecho, no como un ideal abstracto, sino como una necesidad de supervivencia nacional.
La invitación es a la concientización radical. Debemos entender que la corrupción de Jeri y el pacto congresal son dos caras de la misma moneda. No podemos permitir que el cinismo nos gane la batalla. Exigir rendición de cuentas, fiscalizar cada voto en el Congreso y rechazar la normalización de la impunidad son actos de resistencia patriótica.
Reafirmamos nuestra postura de denuncia permanente. El bienestar de los peruanos no se negocia en mesas clandestinas ni se sacrifica por intereses partidarios. Es hora de que la ciudadanía recupere la memoria y la dignidad, y recuerde a quienes hoy abusan del poder que la historia juzgará su traición. El compromiso es claro: ni olvido ni perdón para quienes han convertido al Perú en su botín.